Venezuela a la sombra de la autocensura

Entre mayo de 2002 y mayo de 2009, el sistema de alertas del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela) registró 464 episodios de ataques contra medios y periodistas o de limitaciones contra la libertad de prensa. Esto representa un promedio de siete incidentes por mes durante ese período de siete años.

En vez de calmarse, la situación de la libertad de prensa se calienta más y más en Venezuela. En lo que va de 2009, el promedio de incidentes reportados ha escalado a once por mes.  La mitad de los reportes corresponde a agresiones o amenazas contra la integridad física de los periodistas, que incluyen los asesinatos de tres trabajadores de la prensa: un columnista, un fotógrafo y un chofer. Al menos los dos primeros casos de homicidios parecen relacionarse con vendettas del crimen organizado.  Pero para el año entrante se espera un clima aún más nocivo para la libertad de prensa, derivado de las tensiones políticas, cuando se realicen las cruciales elecciones parlamentarias que, de perderlas, ya el presidente Hugo Chávez anunció que harán de 2010 “un año de guerra”.

¿Puede sorprender que en un entorno semejante, directivos de medios informativos y periodistas opten por dejar de cubrir informaciones que toquen temas conflictivos, sensibles, que los puedan enfrentar a poderes políticos o económicos? El coraje no necesariamente abunda y se comprende el reflejo legítimo de los afectados por proteger sus negocios, sus familias y sus propias vidas.

Sin embargo, en la autocensura que resulta de esa inhibición, la ciudadanía y su derecho a saber terminan siendo los principales lesionados. Dos ejemplos recientes parecen demostrarlo.

Caso 1: El viernes 20 de noviembre estalló un escándalo financiero. El Estado decretó la intervención de cuatro bancos medianos, que entre todos concentran el 5% de los depósitos del público. Ese día, la opinión pública venezolana se enteró que los cuatro bancos habían sido adquiridos en diferentes momentos por un empresario hasta entonces desconocido, Ricardo Fernández Barrueco.

No obstante, Fernández Barrueco no era en lo absoluto un personaje sin nombre en los corrillos periodísticos. De hecho, formaba parte en las versiones que coloquialmente corren por las redacciones de medios como uno de los principales integrantes de la llamada Boliburguesía, un juego de palabras confeccionado por la picardía criolla para referirse a la nueva clase empresarial que amasa fortunas en Venezuela mientras hace negocios con la autodenominada Revolución Bolivariana.

Se sabía que Fernández Barrueco compraba bancos con avidez. Así mismo, que era el más grande y privilegiado proveedor de Mercal, la red de distribución de alimentos a bajo costo que el gobierno del presidente Chávez ha implementado con gran éxito en zonas populares del país. Periódicos de Ecuador y Panamá se habían hecho eco, de manera pública, de las importantes inversiones realizadas en ambos países por el empresario en la compra, fundamentalmente, de astilleros y flotas pesqueras. Entonces, ¿por qué los medios venezolanos, incluso los que se tienen a sí mismos por medios independientes o de oposición al gobierno de Chávez, no habían visibilizado ni estas operaciones ni a su protagonista?

Porque se intuía que convertirlo en noticia podía poner en riesgo las generosas pautas publicitarias de ese grupo empresarial y las del propio Estado, que es un gran anunciante en Venezuela, como magnate petrolero que es.  Porque se le conocen vínculos con altos sectores de la Nomenklatura oficialista.

Fue así como cinco de cada cien ahorristas venezolanos no llegaron a saber, sino hasta que fue muy tarde, quién estaba a cargo de sus fondos.

Caso 2: Desde hace un mes, los cortes más o menos caóticos del suministro eléctrico, que ya se habían hecho una rutina en ciudades del interior del país, pasaron a ser un plan oficial de racionamiento eléctrico en la capital, Caracas.

El servicio eléctrico de la ciudad siempre había sido muy estable hasta su estatización, dos años atrás. Ahora, una sequía pertinaz que afectó el nivel de las aguas en la represa que surte al principal sistema hidroeléctrico del país, junto a la falta de inversiones en generación y distribución de energía a lo largo de diez años de Revolución, se conjugaron para hacer realidad un déficit que hasta hace poco más parecía un escenario de pesadillas futuristas de ciencia ficción. No obstante, la inminencia del racionamiento pilló por sorpresa a los caraqueños.

¿Por qué? Entre otras cosas, porque a diez años de desinversión los acompañaron diez años de fallas de los medios en dar la dimensión justa al fenómeno de los apagones en el interior del país. Parecían simples anécdotas. Ahora, de nuevo muy tarde, se entiende que eran, en realidad, los presagios de un colapso de los servicios públicos. De nuevo, la opinión pública –en general, capturada por ambos bandos de la polarización política que vive el país- no contó con información oportuna que la motivara a presionar a las autoridades para resolver un asunto tan vital y que no tiene respuestas rápidas.

Ambos casos no sólo pusieron de relieve la atmósfera especialmente propicia para la autocensura en Venezuela. Esa atmósfera se cultiva desde el gobierno, con gran astucia. En términos de libertad de prensa, la autocensura es el crimen perfecto. Funciona como un suicidio inducido: la propia víctima hace el trabajo sucio y aunque se pudiera establecer una sospecha plausible de quién le puso el revólver en la mano, resulta muy difícil probar la relación de necesario precedencia entre el estímulo y la acción. Y, sin embargo, ocurre.

Cuando se habla en foros internacionales sobre el caso venezolano, con frecuencia surgen voces que exigen datos de periodistas asesinados, presos o secuestrados como único baremo de la gravedad de la situación. Esas voces no parecen percibir que en Venezuela son otros los métodos que se están usando. Menos cruentos, quizás, menos estruendosos, pero más eficaces para represar la información que, siendo distinta a la narrativa oficial de la realidad, le hace falta a la ciudadanía conocer.

El entorno resulta abrumador para la verdad en Venezuela. La presión desde el Estado es enorme a través del manejo de la pauta publicitaria para castigar y premiar a los medios; de las constantes sanciones y averiguaciones de índole tributaria o administrativas contra medios disidentes; del retiro sumario de concesiones radioeléctricas, de la compra, total o parcial, de medios  por parte de capitales privados subordinados al gobierno, de la La promulgación de leyes ad hoc para el control de medios; de la apertura constante de juicios contra medios y periodistas para proteger la reputación de funcionarios públicos.

En un estudio sobre autocensura efectuado por el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela) en 2007, 38 por ciento de los reporteros entrevistados admitían haber recibido instrucciones en sus medios para dejar de publicar informaciones “que puedan afectar los intereses o puntos de vista de las autoridades gubernamentales”. Allí se refleja la efectividad de las presiones ejercidas desde el Estado. Pero, aún más grave: 59 por ciento reportaba haber omitido informaciones que podían comprometer los intereses de los anunciantes publicitarios del medio.

La vulnerabilidad económica y profesional de los medios venezolanos los hacen muy propensos a la autocensura. Porque no sólo sus intereses están sobre la mesa. En general, se muestran renuentes a cubrir a profundidad temas sistémicos, que vayan más allá del rumor. Y no hay que olvidar la tentación, que apenas han resistido, de pasar por alto los estándares del periodismo informativo  con tal de ocupar un protagonismo de actor político.

Así se configura un esquema en el que el gobierno busca inhibir la circulación de información; los medios, de no tan mala gana, se prestan; y los ciudadanos son los que sufren la consecuencia.

Ewald Scharfenberg

Ewald Scharfenberg, periodista y consultor venezolano, fue durante diez años corresponsal en Caracas de Reporteros Sin Fronteras. Actualmente es Director Ejecutivo del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela).

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